Gobierno y autonomías se enfrentan por el control de la cadena alimentaria

El control de las empresas alimentarias, donde hay desde modestas pymes hasta importantes multinacionales, ha abierto una nueva lucha de poder entre el Gobierno central y sus homólogos autonómicos. Y el asunto no es baladí porque entre los actores que mueven esta cadena, desde el productor al mayorista y pasando por el distribuidor, se genera entre el 8,5% y el 9% del Producto Interior Bruto (PIB), con 88.000 millones de euros y 2,5 millones de puestos de trabajo.

La mecha se ha prendido con la recién estrenada Ley para la defensa de la calidad alimentaria, que tras recibir luz verde del Senado el martes pasado se publicará en el BOEla semana próxima y entrará en vigor un día después. Con ella se desarrolla la Ley de la Cadena Alimentaria aprobada a principios de 2014, estableciendo un «marco novedoso», destacan desde el Ejecutivo.

Y como tal puede considerarse que se concreten las sanciones para corregir «posibles desequilibrios» en ese sistema y, al tiempo, se «homogenicen las reglas» sobre inspecciones y prevención del fraude. Esto ha desatado las suspicacias de los partidos nacionalistas, sobre todo vascos y catalanes, que han descalificado la nueva ley porque perciben «un injustificado e ilegítimo arrinconamiento de las competencias» de las comunidades autónomas.

La propia norma, en el apartado cuatro de su preámbulo, justifica su nacimiento en «la existencia de múltiples y dispares normas autonómicas». Esto, continúa, hace necesario «constituir un mínimo denominador común» ante la «fragmentación de la unidad de mercado» que perciben los operadores del sector de la alimentación y las bebidas.

Y es que, destaca el Ministerio de Agricultura como autor del texto, «la existencia de distintos mecanismos de control no puede suponer al operador en ningún caso trabas en el ejercicio de su actividad». Así, donde el Gobierno habla de «homogeneización» y aplicación de la normativa de la UE, los nacionalistas ven más bien «recentralización» e «interferencias políticas», ya que aducen que ocho comunidades ya cuentan con regulación propia en ese ámbito:Aragón, Canarias, Galicia, Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y el País Vasco.

Sin embargo, la puesta en marcha de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha revelado, cuanto menos, falta de diligencia en la mayoría de las comunidades. Desde su nacimiento en enero de 2014 hasta el pasado 30 de abril (últimos datos publicados) ha recibido 78 denuncias –gran parte de asociaciones agropecuarias y bufetes de abogados– y casi la mitad (33, el 45%)han sido por posible «venta a pérdida» –menos de lo que se pagó por esos productos–, práctica prohibida por la Ley de Comercio Minorista y de competencia autonómica.

Comunicaciones

Como AICAno tiene poderes en esta materia, ha remitido los casos –y, en ocasiones, reiterado– a los distintos territorios. Cantabria y Murcia «se han tomado muy en serio las denuncias» –con expedientes e incluso sanciones–, pero del resto apenas se tiene respuesta. Yeso que ha enviado más de 270 comunicaciones a las comunidades.

Ni empresas ni productores están conformes con este reparto competencial, pues entienden que en las comunidades más aperturistas con el comercio se puede favorecer más a la distribución buscando precios bajos para el consumidor. Yponen un ejemplo: una cadena de supermercados a nivel nacional que incurra en las mismas práctica en todo el país podría recibir hasta 17 denuncias (una por autonomía)y otras tantas sanciones, o bien ni una sola.

La otra gran queja, sobre todo de los agricultores, es que el régimen sancionador «no es disuasivo». De un lado, ven bajas las multas:hasta 4.000 euros las leves, como no firmar un contrato;un tope de 150.000 para las graves, entre las que figura engañar en las características de los productos;y hasta tres millones en las muy graves, como causar «perjuicios sanitarios» o comercializar productos falsos. Por otro, no se sabe la identidad de los sancionados.

Desde el Gobierno admiten que el castigo no es alto, aunque argumentan que lo que se busca penalizar es la reincidencia. Eso sí, anticipan que habrá «mayor vigilancia» sobre mayoristas y distribuidores.

Fuente: Diario SUR
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