El Ministerio de Agricultura propone nuevas normas para el sector alimentario que favorezcan a agricultores y ganaderos. Pide prohibir «el regalo de alimentos básicos».
El Gobierno y las asociaciones representantes del gran consumo ultiman las nuevas reglas de juego para las relaciones comerciales en el sector alimentario. Como penúltimo eslabón de la legislatura (el último será la Ley de Calidad Alimentaria), el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado una propuesta de acuerdo sobre el Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria. Es decir, un marco de autorregulación de la distribución comercial, la industria de alimentos y bebidas y los agricultores y ganaderos.
El texto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, busca apuntalar con nuevas normas «la regulación de las prácticas comerciales» del sector alimentario, sin duda uno de los más importantes de la economía española. No en vano, este código regula las actividades de promoción, los plazos de la contratación, los pagos, la vinculación con terceros, la mediación, la innovación, el suministro, la seguridad alimentaria… casi todo.
El código que ha elaborado el Ministerio que capitanea Isabel García Tejerina obliga a la distribución y la industria a «fomentar la adopción de medidas que permitan garantizar la sostenibilidad del sector primario y retribuir, de manera proporcionada, el valor que aportan las producciones agrarias». Es decir, a dar un trato de favor a los agricultores y ganaderos.
Para ello, entre otra cosas el documento gubernamental fuerza una autorregulación que prohíba los productos gancho que regalan los hipermercados y supermercados, como la leche o el aceite, algo que los ganaderos critican con dureza. Las empresas que se adhieran al código «se comprometen a no realizar campañas de promoción basadas en el regalo de alimentos básicos». Como mucho, podrán «ofrecer degustaciones».
«Los dos productos reclamo por excelencia son la leche de marca blanca y el aceite. Por ejemplo, en un hipermercado famoso, si hacías una compra de más de 40 euros, te regalaban seis litros de leche», apuntan desde la organización agraria COAG.
En cuanto al aceite, Deoleo apunta que el 41% del volumen comercializado este ejercicio se ha vendido, «probablemente», a pérdida, lo que genera una presión que llega hasta el agricultor.
Con el Código de buenas prácticas se apuntala la Ley de la cadena alimentaria, que reordenó y mejoró las relaciones comerciales entre los principales actores de la cadena de valor.
Arbitraje
Otras novedades que se introducen son un «sistema de arbitraje» para la resolución de conflictos de forma extrajudicial, un impulso a la innovación y un compromiso contra prácticas abusivas como la modificación unilateral de los contratos «a menos que esta posibilidad y sus circunstancias y condiciones se hayan fijado con antelación y por escrito, y de mutuo acuerdo».
Esto, que parece una perogrullada, no es siempre así en el sector. No en vano, esta reforma gubernamental sirvió para que el ciudadano común conociera algunos abusos que sufrían recurrentemente los agricultores y los ganaderos, como los contratos verbales y totalmente unilaterales, o la venta a resultas (en la que al vendedor se le impone el precio de lo que ha vendido un tiempo después de haber cerrado la transacción) de productos básicos como, una vez más, la leche.
Informe de Economía
Agricultura ha enviado a las autonomías el Código de buenas prácticas, que tiene que pasar, como mínimo, otros dos trámites. En primer lugar, el informe del Ministerio de Economía. Además, el departamento de Luis de Guindos quiere que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia emita un informe.
En segundo lugar, queda lo más difícil, que se pongan de acuerdo las patronales: Anged (hipermercados), Asedas (supermercados), Fiab (industria alimentaria), Promarca (lobby industrial de marcas «líderes») y Asaja, COAG, Cooperativas Agroalimentarias y UPA (productores).
La predisposición es buena, pero quedan varios flecos, que se discutirán después de que Economía emita su informe. Por ejemplo, Promarca desea que se potencie más la innovación, por lo que no vería mal que las empresas adheridas al Código tuvieran que referenciar un mínimo de productos considerados como innovadores. Es algo que rechazarían Anged y Asedas, que prefieren que el modelo de cada empresa se respete, aunque sí ven bien un compromiso con el «fomento de la innovación», como reza el actual texto gubernamental.
El texto ministerial es tibio en este punto y apunta que las empresas «se comprometen a facilitar el acceso al consumidor de las innovaciones relevantes de los productos alimentarios». Lo que subyace, una vez más, es una guerra soterrada entre las marcas de fabricantes y las blancas (o sea, de los distribuidores).
El Gobierno espera aprobar el Código en junio, pero las patronales lo ven difícil. Una vez firmado, el código es de obligado cumplimiento.
Fuente: Expansión
El repaso a la comunicación de las crisis sanitarias de los últimos treinta años sirve para comprobar que existen una serie de errores que se repiten: portavoces sin formación y sin habilidades de comunicación, mensajes ambiguos, ausencia de planes de comunicación de crisis e improvisación, que acaban transmitiendo mensajes alarmistas a la población y contribuyen a que las administraciones sean consideradas como sospechosas o de poca confianza. El escándalo del aceite de colza desnaturalizado, las vacas locas, la gripe A o el reciente caso de ébola son ejemplos claros de cómo no comunicar y ofrecen valiosas lecciones ante crisis futuras.
Las redes sociales son el medio más relevante en la comunicación con el consumidor, según manifiesta el 31% de los directivos de empresas españolas de la industria agroalimentaria.
Blog de la Sociedad Española de Seguridad Alimentaria (SESAL) 